Tras el encuentro realizado en julio en Cartagena del Chairá, Caquetá, entre diversos procesos organizativos, instituciones locales y regionales, y garantes nacionales e internacionales, varias organizaciones sociales se reunieron para construir estrategias conjuntas ante la grave situación de derechos humanos que se viene presentando en el territorio.

Las organizaciones sociales alertaron al Gobierno Nacional y a sus instituciones sobre “la grave situación de crisis humanitaria que se presenta en la región y especialmente, la fuerte arremetida en contra del tejido organizativo del departamento”, y denunciaron hechos violatorios de los DD. HH como homicidios, amenazas, restricciones a la movilidad y al ejercicio del liderazgo social de campesinos, comunales, sindicales, de mujeres, jóvenes y firmantes de paz.
Las organizaciones del Caquetá destacaron la realización de esta V cumbre humanitaria, la cual generó nueve Mínimos Humanitarios para impulsar la relación entre paz y cultura como fundamento del derecho a la vida.

A inicios de agosto, producto del compromiso de más de 50 organizaciones y con el acompañamiento de la institucionalidad, había sido instalada la Mesa Territorial de Garantías “que tiene por objeto generar un espacio de interlocución entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y las instituciones del Estado para adoptar la Política Pública en materia de prevención de las violaciones a los derechos humanos”.

Entre las graves situaciones que se han presentado en el departamento del Caquetá las organizaciones sociales incluyeron:​​

1.    Desplazamiento forzado de la comunidad de firmantes de Paz del ETCR Oscar Mondragón en Miravalle (San Vicente del Caguán) a mediados de agosto.
2.    Amenazas y desplazamiento forzado de WILLIAM MELLIZO BONILLA presidente de la vereda la Urella, del Núcleo Comunal N° 1 de Cartagena del Chaira.
3.    Desplazamiento forzado de la comunidad de firmantes de Paz del ETCR Oscar Mondragón en Miravalle (San Vicente del Caguán) a mediados de agosto.
4.    Las graves heridas sufridas por una niña que pisó una mina antipersonal en la ZRC Pato-Balsillas, sumándose a la lista de más de treinta victimas por estos artefactos explosivos en lo que va corrido del año producto de la disputa territorial armada y la débil respuesta institucional.
6.    La coerción y presión por parte de los grupos armados que extorsionan a pueblos indígenas y comunidades campesinas afectando su bienestar, exigiendo pagos por bienes y enceres, con la amenaza de que si no cumplen serán desplazados o asesinados.
7.    Reclutamiento forzado en comunidades indígenas y campesinas, quienes se encuentran a merced de distintos grupos armados e intereses económicos particulares.
8.    Homicidio selectivo de jóvenes en San José del Fragua en el marco de la minería ilegal y el control que se disputan los grupos armados en esta zona del departamento.
9.    Homicidio del señor Pedro Emilio Pérez, conocido como Pedro Juradán en la vereda el Guamo, núcleo comunal N°1, en Cartagena del Chaira.
10.    Desplazamiento forzado del señor Diego Fernando Clavijo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santo Domingo del núcleo 1 de Cartagena del Chaira.
11.    Retención ilegal de embarcaciones con alimentos en la vereda Nápoles, en Cartagena del Chaira. La acción en contra de estas embarcaciones afecta gravemente el abastecimiento de alimentos de las comunidades del Bajo Caguán.
12.    Atentando con artefactos explosivos en Cartagena del Chaira aun sin esclarecer, luego de la visita histórica del presidente Gustavo Petro y las ministras de Ambiente y Agricultura Susana Muhamad y Martha Carvajalino en reconocimiento al esfuerzo organizativo por la construcción de la Justicia Social, Ambiental y Agraria.
13.    Confrontaciones armadas entre grupos armados ilegales y legales en Cartagena del Chaira particularmente Bajo Caguán, y en El Doncello en la Inspección de Berlín, confinando a la población al fuego cruzado.
14.    Desplazamiento forzado de familias el 20 de septiembre en la vereda el Guamo, de Cartagena del Chairá, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Estas familias se encuentran en inminente riesgo a la vida, dignidad e integridad.
15.    Amenazas directas a dirigentes comunales, campesinos y sindicales que se encuentran en alto riesgo.
16.    Las organizaciones sociales, valoraron, “el esfuerzo de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales quienes desde sus posibilidades están atendiendo estas situaciones”, sin embargo, hicieron un llamado urgente a las demás autoridades e instituciones gubernamentales, para que más allá de diagnósticos, apoyos en redes “trabajen por materializar medidas y acciones necesarias para salvaguardar la vida y brindar los alivios humanitarios que se requieren con urgencia evitando la acción con daño y la pasividad estatal”.

Por último, los lideres y organizaciones sociales, llamaron a acoger los mínimos humanitarios impulsados desde la sociedad civil “como una garantía para la vida, la autonomía e integridad de las comunidades. De la misma manera, instaron a las partes en conflicto, a “retomar los ceses al fuego y de hostilidades.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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