Antecedentes Históricos de la Violencia y el Despojo (1946-1958)
 

Para referirnos, a ese evento, realizado, el 9 de enero de 1.972, denominado el pacto de Chícoral, es preciso consultar algunos antecedentes que tienen que ver con la llamada violencia en Colombia, desatada por la dictadura conservadora, en cabeza de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, empleando para ello a los llamados pájaros, hoy reconocidos como paramilitares y otro sector estatal, conocido en la época, como policía Chulavita, dentro de esos antecedentes, se enmarca el despojo y conflicto de tierras y la posterior hegemonía liberal conservadora, a través de la mancuerna del frente Nacional, donde la cúpula del liberalismo abandonó a sus bases y las dejó a merced del genocidio más brutal, de quienes en ese maridaje bipartidista, ostentaron el poder político y gobernante.

En aquella época, a nosotros el pueblo de a pie, nos concientizaron, en el sentido, que esta era una confrontación de conservadores, contra liberales y comunistas y en efecto se dice que en esos primeros 12 años de violencia, hasta la posesión del frente Nacional, hubo alrededor de 300 mil colombianos, hombres y mujeres asesinados, todos pertenecientes a los sectores trabajadores, que como siempre somos los que llevamos la peor parte, en los conflictos políticos, sociales y armados, pero además de la traición de la cúpula liberal, ¿cuál fue el verdadero resultado de esta primera etapa de barbarie? 

En el año 1.946 de cada 10 colombianos, vivían más de 5 en el campo y un poco menos de estos en los pequeños poblados y ciudades, y 12 años después, se estima que el desplazamiento, superó los 2 millones de campesinos, que logramos sobre vivir a este genocidio.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Los beneficiados de esta violencia decretada por la dictadura conservadora que nutrió a las élites conservadoras, liberales y de paso a los autores materiales, pájaros y chulavitas, quienes finalmente se quedaron con las mejores y centrales tierras de los departamentos más importantes del interior del país.

Gustavo Rojas Pinilla: Pacificación y Contraofensiva Oligárquica

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Las bases liberales, que se alzaron en armas en los diferentes departamentos, donde fue más intensa la arremetida conservadora; en una hábil maniobra urdida por el contubernio: del poder civil, militar y eclesiástico, de la época, colocaron al “pacificador Gustavo Rojas Pinilla” y con este, inició la política de ablandamiento y a su vez empezaron 2 estrategias, que finalmente irían a consolidar para bien de los despojadores y acaparadores de las mejores tierras del país: por un lado la desmovilización de estas bases de resistencia armada, contra los genocidas, parapetados en el poder y de otro la traición, encabezada por la familia Lleras y su elite liberal, en contra de sus representados partidistas.

Si de un lado el ofrecimiento de amnistía e indulto, hecho por Rojas Pinilla a los alzados en armas, logró que las guerrillas llaneras encabezadas, por Guadalupe Salcedo se desmovilizaran a partir del 15 de septiembre de 1.953 y lo propio ocurrió con estas bases guerrilleras del Tolima, encabezadas por Gerardo Loaiza y Jesús María Oviedo, que no solo se desmovilizaron, sino que entraron a colaborar con el gobierno, en contra del movimiento agrario, que continuaba la resistencia, incluyendo los que no cayeron en este engaño y continuaron con su resistencia armada, encabezados por Manuel Marulanda Vélez.

 

A esta política hegemónica, se sumo la ilegalización del Partido Comunista de Colombia y prácticamente empezó una modalidad diferente del conflicto armado; ya era una confrontación directa de la extrema derecha oligárquica gobernante, contra el movimiento agrario, cívico y popular y las guerrillas revolucionarias.

La otra confabulación la empezaron a trabajar, Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, en España, para conformar el frente Nacional y alternarse la presidencia por 16 años: 1.958, a 1.974; de esta manera sellaron la política bipartidista hegemónica, de carácter permanente, pensando más en el gran capital monopolista, latifundista, terrateniente y financiero, que en la suerte del pueblo trabajador. 

En desarrollo de ello, empezaron a perfeccionar la estrategia de la seguridad Nacional, el conflicto de baja intensidad y la teoría del enemigo interno, todo esto encaminado a desarrollar una guerra anti insurgente, partiendo de que toda organización social y política, o persona en particular, que se pronuncie en contra del régimen gobernante, es calificada mediante montajes falsos como auxiliadores, de las guerrillas y por lo tanto dedicaron toda su ofensiva a desarrollar una política de estigmatización, persecución y eliminación sistemática y es lo que ha ocurrido en toda esta historia de conflicto. 

El régimen político y económico colombiano, se ha dedicado durante toda su historia, a fabricar un compendio de normas, que van desde actos constitucionales, leyes estatutarias, leyes ordinarias, decretos y resoluciones, para blindar sus bienes mal habidos y de paso blindarse en el marco de la impunidad. Acto seguido, han perfeccionado otro compendio de leyes, disfrazadas en el supuesto estado de derecho, encaminadas a dificultar hasta la más mínima posibilidad de que los sectores populares, podamos acceder a los derechos económicos, sociales y políticos; caso concreto, el acceso a la tierra para quien la trabaja, la titulación de predios y más aún los créditos la transformación de la materia prima y el acceso a mercados estables y sustentables.

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Consecuencias de la Contra reforma: Colonización Forzada y Conflicto Social 
 

Volviendo al tema que nos ocupa, los antecedentes del Pacto de Chícoral, ya en el frente Nacional, como muchos lo sabemos; de un lado continuaban las luchas agrarias, no solamente por la tierra para quien la trabaja, sino por la restitución de las tierras despojadas.

 

 

 

 

 

 

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Producto de esa política, podemos señalar 3 de estas colonizaciones en los llanos orientales, por parte de esta institución: en la segunda mitad de la década de los 60s del siglo pasado, ancló 3 colonizaciones dirigidas, en los Llanos Orientales: una en el Retorno Guaviare, que fue el principio de colonización masiva, en esta antigua Comisaría, dos colonizaciones dirigidas por el INCORA en la región de Espelda, en la configuración selvática del parque natural Tinigua, convirtiéndose en el estímulo para miles de familias sin tierra, que en forma continuada fueron poblando toda la selva de la extensa región del Guayabero, el río Lozada y el río Duda. Y tres: colonización dirigida por INCORA en Fortul, Arauca, que como las anteriores buscaban estimular a los sin tierra para que colonizaran gran parte de esa antigua Intendencia.

Volviendo a los tres componentes en la década de los 60s del siglo pasado, en el marco del frente Nacional: lucha por la tierra, para quien la trabaja, restitución de tierras despojadas e INCORA; esta última como creación del Frente Nacional, esto asustó y lleno de pánico a los grandes terratenientes, latifundistas y al gobierno no legítimo de Pastrana Borrero, ya que vale la pena recordar que Rojas Pinilla, ganó esa presidencia en 1.970 por 113.000 votos. Estos, temerosos del resultado de las luchas agrarias, se convocaron para hacer el famoso Pacto de Chícoral, cuyo gran principio, convertido en acuerdo era: iniciar el desmonte de la supuesta reforma agraria, proteger la posible afectación de predios por parte de INCORA, definiendo reglas más precisas para su clasificación y ante todo continuar con la colonización dirigida, en los cortes de selva, para alejar el potencial de lucha en el interior del país, lo que se convirtió en una contra reforma agraria.

En estos 53 años transcurridos desde este Pacto de Chícoral hasta la fecha, ha corrido mucha agua debajo de los puentes, pero ante todo, desafortunadamente mucha sangre, en este, el mayor conflicto que siempre es y ha sido por el derecho a la tierra, para quien la trabaja, en tal razón es que la mayor cuota de sacrificio humano la hemos puesto las organizaciones agrarias; en especial sus dirigentes, caso concreto FENSUAGRO y sus organizaciones de base, además de los partidos y movimientos políticos, que acompañaron la causa de una genuina reforma agraria. 

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Frente a todo este panorama, se puede concluir que el poder de este régimen se basa en cuatro poderosas armas: el poder político, el poder económico, el poder corrupto y el poder mafioso, y esto hace que cada día, la desigualdad sea mayor. Desde la década de los 70s del siglo pasado, además de las colonizaciones dirigidas por el Estado a través de INCORA, se haya producido una continua colonización improvisada, debido a la necesidad de tierra para quien la trabaja. A esto se suma el conflicto social y cocalero; todos estos componentes son producto de un inexistente programa de reforma agraria integral.

De toda esta política de contra reforma agraria, es que se derivan otros conflictos que datan desde hace casi 5 década, que son parte de la deformación estructural del campo y nos referimos a los narcóticos y alucinógenos incluyendo el derivado de la planta de coca que han sido utilizados como tóxico mental y psicológico por una considerable parte de la humanidad, distractivo de los grandes problemas de pobreza y miseria que padecemos millones de seres humanos, y en el caso de quienes ostentan el poder económico y político, usan estos tóxicos en medio de su propia descomposición social. 

 

Coca, Plan Colombia y la Criminalización del Campesinado​

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En cuanto al problema número uno en Colombia; las plantaciones de coca, cabe anotar que esta planta era y continúa siendo parte del ritual indígena y afrocolombiano y que fueron los ingeniosos laboratoristas europeos y de los Estados Unidos, quienes descubrieron la fórmula para narcotizar al mundo y de paso explotar el gran negocio del tráfico de drogas, etc.

Frente a este flagelo, hay que empezar por destacar con  profundidad el diagnóstico real, histórico y actual del modelo económico, principalmente agrario existente en nuestro país, que fue  la causa fundamental que  generó el modelo anexo, basado en los cultivos de coca marihuana y amapola, ya que nosotros: el sector campesino, indígena y afro, en materia de vocación agropecuaria, siempre fuimos de cultura andina: nuestra producción, siempre se basó en todo lo necesario, para la sana alimentación de todos los seres humanos y animales, dentro de un ecosistema sostenible. Los diferentes gobiernos a lo largo de casi 5 décadas han pretendido, bajo la imposición de los EE. UU., a través del plan Colombia, exterminar al campesinado, como una pretendida forma de acabar con las economías cocaleras, en este caso de subsistencia.

 

 

 

 

 

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De esta manera la industria de la cocaína es de los EE. UU, los colombianos ponemos lo muertos y los yanquis recogen las ganancias. En cuanto a las características de este mismo tipo de economía de subsistencia en las regiones, allí hay otra lectura del fenómeno: alrededor de cada planta de coca, se mueve un gran componente social; además del dueño de la mata, están los obreros, los pequeños transportadores fluviales y terrestres, el tendero, el maestro de escuela que educa a nuestros hijos y en general, todos los que, de alguna manera, indirectamente subsistimos de esta economía.

Como podemos observar, las características del conflicto social político y económico, basado en los cultivos de coca, es un conflicto que tiene dimensiones internacionales, y que toma sus rasgos principales en los años 90 del siglo XX cuando terminó la guerra fría, los EE.UU momentáneamente quedaron sin discurso, pero sus centros de pensamiento, rápidamente reencausaron su intervencionismo con otro potente discurso: la guerra norte sur, ya no contra el comunismo, sino contra el narcotráfico y de ahí se deriva el plan Colombia, las bases militares gringas y todo tipo de acciones bélicas en Colombia por parte de EEUU.

Otro fenómeno, está relacionado con los migrantes colonos, pues si en principio, quien creó la cultura de la colonización, fue el mismo estado que nos empujó a miles de familias hacia los cortes de colonización, pues hoy esa cultura está acompañada de la necesidad permanente de tierra para quien la trabaja, ya que, en el interior del país es absolutamente imposible que podamos tener acceso a un pedazo de tierra. Esta presión hacia los bosques a generado 2 tragedias: la ambiental y la social, y la política y económica de quienes hemos sido empujados a estas áreas. 

En marzo de 2.015 el gobierno de Juan Manuel Santos inició un período de señalamiento contra los campesinos como depredadores y delincuentes ambientales, haciendo el papel del peor cínico, ya que repetimos, fue el Estado el que creó esta cultura y de paso legalizó los asentamientos humanos, con su presencia administrativa y su colonización dirigida. Pues fue tanto el grado de legalización de estos asentamientos, que además de expedirnos personerías jurídicas a las Juntas comunales, el INCORA para darnos el visto bueno para que la Caja Agraria nos otorgara un préstamo, debíamos tener tanto pasto, como para alimentar 50 reses y que hubiera un entorno de campesinos cercanos, con las mismas exigencias y aspiraciones.

Frente a estos 2 conflictos, las comunidades y sectores campesinos de la región le hemos insistido a los gobiernos de turno, incluyendo a este, que el mejor camino para resolver los problemas de forma y de fondo, es sentarnos a dialogar; no es posible que estos gobiernos solo se sientan a dialogar, con los que están alzados en armas y nosotros que estamos alzados en herramientas, para producir alimentos, nunca nos paran bolas: acaso tendremos que imitar a los que están en armas. No olviden los citadinos, que necesitan al Afro, al Indígena y al campesino, 3 veces al día, al desayuno, almuerzo y comida.

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Propuestas para una Reforma Agraria Integral: De la Tierra a la Dignidad​

Frente a todo este acumulado de cosas inconstitucionales dirigido por un estado fallido, en relación con quienes somos la principal columna de la economía Nacional, porque con nuestra fuerza de trabajo es que producimos y multiplicamos las riquezas, por lo tanto, creemos que la mejor forma de desagravio en este nuevo ejercicio, reviviendo el pacto de Chícoral, por la vida, la paz con justicia social y la tierra para quien la trabaja, debería el Estado y los gobierno de turno, desarrollar una verdadera reforma agraria integral, donde al menos se contemplen unos mínimos, que serían los siguientes:

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