Conversamos con Luis Eduardo Betancur, sobre el conflicto, las curules de paz y lo que significa legislar con los pies en la región. Betancur es dirigente social vinculado a procesos organizativos y sociales en la extensa región del Meta y Guaviare desde hace 48 años. Ha pertenecido a organizaciones agrarias campesinas, cooperativas y de defensa de los derechos humanos, ambientales y de víctimas. Fue concejal municipal por elección popular por 2 periodos, en Vista Hermosa Meta: años, 1.978, a 1.982, consejero Comisarial, del Guaviare; 1.986 a 1.988, Miembro de junta administradora local, Calamar Guaviare, 1.988 a 1.990, Diputado del Departamento Guaviare 1.994 a 1.997 y personero Municipal de Calamar, en el mismo departamento, 1.998 a 2.001.

Le preguntamos a Betancur sobre las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz de la Cámara de Representantes, surgidas del proceso de paz, y que sin lugar a duda significa un escenario esencial para que las comunidades a través de sus voceros garanticen la participación efectiva en la resolución de sus problemáticas territoriales.

¿Qué son las curules de Paz y cuál fue su origen?

Empezaré por señalar las causas que, en los acuerdos de La Habana, originaron la necesidad de las curules especiales de Paz. 
Al darse comienzo en 1983 a los diálogos entre el Gobierno de Belisario Betancur y las FARC, en el municipio de Uribe Meta; también llamados, “Diálogos de Casa Verde”, también se gestó el brutal genocidio contra las organizaciones opositoras al régimen político y económico.

 

También es de conocimiento de la opinión pública Nacional e internacional que, ante el auge de las luchas sociales y el surgimiento de la Unión Patriótica, los sectores de extrema derecha, con el propósito de atajar este avance y bajo el pretexto de exterminar al movimiento alzado en armas, ejecutó un plan de exterminio contra las organizaciones sociales, sus bases y dirigencia, como fueron los casos más emblemáticos del PCC, la UP; genocidio que a lo largo de esta última etapa ha dejado millones de víctimas, entre muertos, prisioneros políticos, despojados de tierras y desplazados forzados.

Este escenario descrito fue uno de los principales motivos que llevaron a incluir en el Acuerdo Final de Paz de La Habana, firmado entre el Estado colombiano en cabeza del gobierno Santos y las antiguas FARC; que al menos por 2 periodos temporales, hubiera vocerías de víctimas en la cámara de representantes. Concretado este acuerdo, primero se escogieron 167 municipios, caracterizados como los más afectados por el conflicto político, social y armado en el país y fueron distribuidos en 16 circunscripciones especiales de Paz, en este caso para ser cubiertas en sus vocerías, por 16 representantes a la cámara; con periodos temporales del: 20 de julio de 2.022 a 2.026 y un último periodo: 20 de julio de 2.026 a 20 de julio de 2.030. En estas 16 curules, se incluyen las del Guaviare y Meta, el primero con sus 4 municipios y el segundo con 8 municipios al sur del departamento.

¿Quiénes pueden ser candidatos y quiénes pueden votar?

Para candidatizarse debe tener el reconocimiento que entre los años 1.986 y 2.006, haya sido víctima de este conflicto político social y armado en su propia jurisdicción, y que haya vivido al menos 3 años consecutivos en la región. También que por cinco años antes de la elección no haya representado a ningún partido en cargos de elección popular, que no haya sido miembro de ningún directorio político en el último año, antes de la elección, que no haya sido funcionario público en el último año y que no haya firmado contratos con el estado en su jurisdicción en los últimos 6 meses. La lista, con voto preferencia, debe estar compuesta por un hombre y una mujer.

¿Quiénes pueden votar? 

Los votantes válidos, son los que hagan este ejercicio democrático en los puntos de votación rural, pues no son válidos, los de las cabeceras municipales; todo esto dentro de la circunscripción electoral respectiva. Cualquier persona que desee votar por esta circunscripción especial, debe inscribir su cedula en el punto rural que más le convenga, dentro de su municipio de residencia.

¿Cuáles son las dificultades, para que estas curules, queden en manos de los procesos de base?

En las elecciones el 13 de marzo de 2022, cuando iniciaron estas curules especiales, el Estado y los gobiernos anteriores no le dieron mucha importancia a este escenario, porque provenían de los acuerdos entre la guerrilla y gobierno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ambiente, que se vislumbra en esta campaña que se aproxima, es que los politiqueros de turno van a hacer hasta lo imposible, para quedarse con la mayoría de esta curules en todo el país, lo que constituye para nosotros un gran reto para impedir que esto suceda nuevamente.

¿Cuál es el contexto social y político del conflicto, que viven las comunidades del oriente de Colombia?

Esta región al igual que las otras, hacen parte de los grandes teatros de operaciones militares, paramilitares y de abandono total por parte del Estado. En este comienzo de siglo, principalmente el hijo putativo que le nació al fatídico plan Colombia: el Plan Patriota, diseñado y ejecutado por Álvaro Uribe Vélez, en el año 2.002 y desafortunadamente con sede en Calamar Guaviare. Toda esta estrategia, encaminada a darle aplicación a la teoría de que para que el pez muera, hay que quitarle el agua y supuestamente, para acabar con la guerrilla y la coca había que acabar con el campesinado: estigmatizándolo, asesinándolo, encarcelándolo, despojándolo y a los sobrevivientes desplazándolos.

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Esas son las condiciones en las que vive la población de esta región, y lo grave es que la situación aún no se resuelve a favor, por eso nuestra lucha sigue.

¿Cómo se ejercita la democracia popular en estos territorios: cuáles son las formas de participación habituales por parte de las comunidades? 

Las comunidades cada día han ido perfeccionando su propia gobernanza, para eso han elaborado sus propios manuales de convivencia social, política, económica, ambiental y de derechos humanos; todo esto se ha hecho posible gracias a las organizaciones sociales: Asociaciones, cooperativas, comunales, de mujeres, de jóvenes, y las Zonas de Reserva Campesina ya constituidas entre otras, y también estamos encaminados, a continuar constituyendo estas ZRC en todo el territorio.

¿Qué peligros ve que se puedan presentar, o se hayan presentado, en cuanto al cumplimiento de los objetivos generales, en el marco de la representación parlamentaria de víctimas? 

Mientras el Estado continúe plagado de corrupción, más que hablar de peligros, hay que hablar de hechos consumados. Por ejemplo el corto ejercicio de los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) no han sido la excepción, donde posiblemente, por acción u omisión de algunos parlamentarios de víctimas, han ocurrido serios hechos de corrupción, con los dineros que debieron ser para beneficio de las mencionadas víctimas, de ahí que esto debe servir de experiencia en dos direcciones: una que el electorado de estas curules, sepa escoger a sus próximos representantes y dos, que colectivamente exijamos la transparencia en el manejo de estos planes y sus respectivos recursos.

¿Qué características debe tener el Programa legislativo, como carta de navegación, para la representación de víctimas en el parlamento, desde la perspectiva de las organizaciones sociales y campesinas? ¿Qué propondría usted como dirigente histórico de esta región al respecto?

1.    La primera actitud que nunca le debería faltar a un vocero parlamentario, es la combinación de la lucha parlamentaria, con la extraparlamentaria, que se explica así: la lucha parlamentaria, es toda la capacidad propositiva y de debate en el recinto del parlamento, y la extraparlamentaria, es estar del brazo con las comunidades que el vocero representa, para estar actualizado de la problemática regional y esto le sirva de insumo en sus importantes debates.

2.    En cuanto al papel como representante de víctimas, el primer objetivo, es luchar por la verdad de todo lo sucedido en el conflicto, en consecuencia, esta bancada de 16 vocerías parlamentarias debe promover una ley que desclasifique toda la información que reposa en los anaqueles de la inteligencia militar, pues ahí está la verdad de toda esta guerra estatal y paraestatal contra comunidades y sectores opositores colombianos.

3.    Si bien existen los planes de desarrollo con enfoque territorial, de nivel municipal, esta bancada de víctimas debe luchar porque se establezcan los planes de desarrollo con enfoque regional, acorde con la cobertura de la respectiva circunscripción que le corresponde a cada parlamentario.

4.    En cuanto al papel veedor que debe convertirse en una constante, el respectivo parlamentario, debe convocar periódicamente a los alcaldes y gobernadores de su jurisdicción, para que rindan informes sobre los planes de desarrollo, con enfoque territorial y regional, para que no ocurra como hasta el momento, que la mayoría de los dineros de la Paz se convirtieron en el principal foco de corrupción en estos territorios.

5.    Que la bancada compuesta, como ya lo dijimos; por 16 parlamentarios, debe centrar su atención, no solamente en las víctimas de su jurisdicción, sino que, entre todos, desempeñen un papel de verdaderos representantes de los más de 9 millones de víctimas que deambulamos como judíos errantes por todos los rincones del país y por fuera de él.

6.    En cuanto a la representatividad en nuestras propias jurisdicciones, esta no debe circunscribirse únicamente a las víctimas reconocidas en la unidad Nacional de Victimas, sino que debemos colocar por encima, lo que podemos llamar un enfoque de región, porque allí todos somos víctimas por diferentes motivos y circunstancias.

7.    Que, teniendo en cuenta, que estas circunscripciones, por coincidencia, la mayoría se ubican dentro de conflictos campesinos y étnicos con el Estado, en las llamadas áreas protegidas, tanto de parques naturales, como de zonas de reserva forestal; se ubican aquí dos clases de tragedias: la ambiental y la social, y la económica y política que padecemos, quienes en masa fuimos empujados desde el interior del país a estos cortes de colonización, razón por la cual estas víctimas, también deben contar en nuestro trabajo legislativo, tanto en lo ambiental, como lo humano.

8.    Que la elaboración de los planes de desarrollo, tanto con enfoque territorial, como con enfoque regional, este último concordante con la dimensión de la respectiva circunscripción de cada parlamentario, debe ser producto del mayor consenso comunitario, para que recoja las verdaderas necesidades y aspiraciones de todos los habitantes de la mencionada circunscripción.

9.    Que teniendo en cuenta que el sinónimo de víctima está íntimamente relacionado, con la aspiración y deseo permanente de paz como hecho ineludible: tanto la actitud y compromiso del elegido a dicha curul especial de víctimas, como a toda la bancada de los 16 dedicados a este mismo propósito, deben trabajar sin descanso por que los diálogos sean una constante hacia la consecución de la Paz con justicia social.

10. Que una primera lucha de entendimiento, que deba darse entre los 16 representantes a la cámara por las víctimas, es proponerle a la cámara en pleno, para que acepte que la bancada de víctimas se convierta en comisión legislativa accidental de la Cámara de Representantes, para el último periodo temporal, 2.026 a 2.030, para que, desde dicha Comisión, se puedan generar iniciativas legislativas de gran envergadura, que por fin dignifiquen la condición de víctimas, al ser plenamente reparadas.​

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