El Programa de Sustitución de Uso de Cultivos Ilícitos (PNIS) es el punto 4 del acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP en 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.

 

Este programa se acordó a nivel nacional en 14 departamentos y 56 municipios, y tenía un plazo de 4 años para su implementación. Sin embargo, hoy, después de 8 años, aún no se ha implementado completamente. ¿Será corrupción?

Quienes se dedicaban al cultivo de la hoja de coca para la producción de cocaína se acogieron a la erradicación voluntaria de 46 mil hectáreas, con la esperanza de implementar diversos proyectos productivos. Sin embargo, esto no ocurrió. El problema parece radicar en la falta de voluntad política, la violación del principio de planeación y los incumplimientos de los operadores.
No obstante, el programa de sustitución implicaba que, a medida que el gobierno cumpliera con sus compromisos, las comunidades erradicarían los cultivos de coca. Los beneficiarios de este programa podían ser directos o indirectos.

Los beneficiarios directos eran aquellas personas que tenían cultivos de coca, incluyendo aquellos cuyos cultivos fueron erradicados forzosamente por el ejército. Los beneficiarios indirectos incluían a los recolectores, las cocineras y quienes procesaban las hojas de coca.

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​Las organizaciones campesinas y el campesino de a pie se sienten nuevamente engañados, ya que el programa nunca se cumplió. Al parecer, la intención del Estado era que las personas erradicaran sus cultivos de coca sin importar lo que sucediera de ahí en adelante con sus familias. 
 

Esto hace pensar que la voluntad política del gobierno Santos se limitaba a acciones de protagonismo o de reconocimiento, todo lo contrario de buscar una solución estructural basada en las necesidades de las clases menos favorecidas en el campo.

 

 

 

 

 

 

 

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El programa de sustitución establece la entrega de 12 millones de pesos de manera graduada, con pagos de 2 millones de pesos cada 2 meses.

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Además, contempla:
•    1.800.000 pesos para seguridad alimentaria.
•    9.000.000 de pesos para proyectos de corto plazo.
•    10.000.000 de pesos para proyectos de largo plazo.

A la fecha, solo el 1.5% de las familias han recibido la totalidad del Plan de Atención Inmediata (PAI).

¿Será que no hay recursos? ¿La plata se la gastaron en otras cosas? ¿O será que los corruptos la echaron al bolsillo?

Según el defensor de derechos humanos y beneficiario del programa de sustitución, el señor Edilberto Daza, se evidencia un gran incumplimiento del programa PNIS. Daza denunció el deficiente desempeño de la UNODC  en la verificación, señalando que no visitaban las fincas de los beneficiarios y enviaban información sobre fincas que nunca visitaron. Esto resultó en reportes de levantamiento parcial de los cultivos de coca, lo que generó la desvinculación de muchas familias del programa.

Además, la UNODC desarrolló actividades que no le correspondían, como la selección de los operadores, una función que no era de su competencia.
Otro gran problema del programa de sustitución fue la contratación de los operadores.

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​​​​Además, realizaron entregas parciales de artículos como máquinas que nunca funcionaron, tejas de zinc tan delgadas que se doblaban con solo mirarlas, y pollos que en su mayoría murieron durante el viaje.

Estos artículos, además de ser de mala calidad, se entregaron con sobrecostos y no en su totalidad, al tiempo que no eran los artículos que los beneficiarios necesitaban, sino lo que el operador decidía.

Los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro durante una jornada de gobierno llevada a cabo el 10 de octubre de 2023 en Tumaco, Nariño, no cayeron nada bien en distintos sectores.

Durante el encuentro, el mandatario vinculó al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) con presuntos actos de corrupción. La política de sustitución de cultivos generada en el gobierno de Santos es un acto de corrupción. “Hay que decirlo porque, si no, la corrupción nos va a ahogar a nosotros mismos. Esto significa que no funciona desde el punto de vista de cómo un campesino solitario corta la hoja de coca por hectáreas, espera un dinero del gobierno que no llega y, en consecuencia, este campesino se ve perjudicado”. 

Lo dicho por el presidente obligó a un pronunciamiento de exfuncionarios del programa, quienes le pidieron verificar sus fuentes de información y rectificar públicamente. Al tiempo que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, respaldo sus declaraciones aclarando que el programa no se originó bajo una idea corrupta, “aunque terminó presentando presuntos actos contrarios a la legalidad”.

“Esta administración pudo evidenciar que, durante las vigencias comprendidas entre 2017 y 2021, se celebraron 9 compromisos contractuales entre convenios y contratos, a través de los cuales se comprometieron recursos cercanos a los 793.000.000.000 de pesos. De estos, a la fecha, hay 5 siniestrados debido a las múltiples, diversas y cuantiosas denuncias de los beneficiarios en relación con los incumplimientos en las entregas de insumos, visitas de asistencia técnica, monitoreo y demás actividades contempladas en los compromisos contractuales”.

Además, se iniciaron 23 megaproyectos en 2022, con un valor total de $438.000.000.000. Sin embargo, seis años después del inicio del programa, solo 386 de las 99.000 familias firmantes han recibido todos los componentes del PNIS. Esto significa que menos de 4.100 familias se han beneficiado del programa, que originalmente estaba proyectado para ejecutarse en un periodo de 2 años.

Y es que, como lo ha reconocido la misma Dirección de Sustitución de Cultivos, la corrupción en el PNIS, representa un profundo fracaso del programa, verdad que conocen muy bien miles de campesinos colombianos, quienes reciben insumos en mal estado, maquinaria que no funciona y ganado enfermo. Así también se cuenta con información relacionada con los elevados costos reportados por las oficinas, como sucedió en el departamento del Guaviare, entre otros. ​​​​​​​​​​​​​​​

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