El 10 de febrero inició en el departamento de La Guajira un paro regional étnico y campesino de carácter indefinido. A diferencia de protestas recientes, en esta ocasión, el movimiento aglutinó a través de la Coordinadora Departamental Campesina Étnica y Popular, a varias organizaciones sociales, comunidades Wayuu, afrodescendientes, campesinos, juntas de acción comunal y firmantes de paz en una misma causa: visibilizar los problemas estructurales que afectan a la región desde hace décadas y lograr una mesa de diálogo y concertación con los gobiernos departamental y nacional.

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Las comunidades representativas que participaron del paro criticaron a la Gobernación de La Guajira “por evadir responsabilidades y trasladar la culpa al gobierno nacional”. De hecho, líderes de las comunidades que estuvieron en la Mesa denunciaron que el gobernador Jairo Alfonso Aguilar Deluque y su equipo de trabajo tuvieron la intención de dilatar los objetivos de la movilización, “desbaratar nuestras peticiones para que no fueran visibles para la opinión pública y el gobierno nacional” aseguraron.

De allí que el mismo lunes 10 de febrero, día de inicio de este movimiento de protesta en el segundo departamento más pobre de Colombia después del Choco, las comunidades declararan públicamente que no se trataba de un paro contra Gustavo Petro. Es más, para la mayoría de las organizaciones y lideres sociales que participaron en las movilizaciones, el presidente Gustavo Petro “quiere hacer las cosas bien”.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Por su parte, el gobernador logró relativamente fraccionar la movilización al convencer a los líderes de los puntos de Dibulla y troncal del Caribe para que levantaran un día antes el paro; sin embargo, todo el sur de La Guajira, así como Maicao, se mantuvieron movilizados. 

Para los guajiros, el problema está en que existen muchos recursos destinados para superar la emergencia en el departamento; varios de ellos incluso ya se han hecho efectivos, pero no han llegado a las poblaciones más vulnerables del departamento, a los territorios afros, campesinos e indígenas y a otras comunidades en situación de emergencia social, económica y ambiental. 

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En La Guajira, a pesar de la declaración de emergencia, las comunidades Wayuu “hoy en día todavía consumen el agua de jagüeye y de las lagunas, a pesar del derecho a unos recursos para el tema de agua potable, dada la sentencia, de los cuales los Wayuu no han visto nada… No ha sonado la primera corneta de un carro tanque en varias regiones de la Guajira, tampoco se les ha cumplido a los Wayuu despojados de sus tierras,” asegura un dirigente de esta comunidad presente en la mesa de negociaciones.

A raíz del paro, los manifestantes bloquearon hasta el día 11 las vías de varios municipios del departamento, con el fin de llamar la atención de la gobernación y del gobierno nacional, que en el 2023 había declarado la emergencia económica, social, ecológica y sanitaria en todo el departamento.
 

Las organizaciones sociales convocantes también denunciaron en comunicado público la falta de claridad en el manejo de licencias ambientales, como el caso de la compañía BCC, Best Coal Company cuyo proyecto minero cerca del manantial de Cañaverales fue rechazado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA por considerarlo inviable.

El martes 11 de febrero, segundo día de paro, los voceros de las organizaciones manifestaron que mantendrían los bloqueos hasta recibir una respuesta directa del presidente Gustavo Petro. Entre las vías bloqueadas estaban Dibulla: vía Río Palomino - Riohacha, Riohacha: Km 54+400, peaje Ebanal, Maicao: Ruta 9010, perímetro urbano y en Km 88, Paraderos, Barrancas: Vía Distracción - Cuestecita, sector Pozo Hondo y San Juan del Cesar: Vía La Paz - Distracción, km 50, sector entrada a El Tablazo. También en El Molino y Urumita.

 

Los procesos sociales que participaron en estas jornadas, entre los que se encuentran la Asociación de Campesinos Wayuu Santo Domingo, el Movimiento Social Sumain Wayuu y varios consejos comunitarios afrodescendientes, habían exigido desde el 10 de febrero la instalación de una mesa de diálogo con representantes del gobierno nacional en el sur de La Guajira, al tiempo que expresaron su descontento por los reiterados incumplimientos.

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Tras las protestas, la gobernación de La Guajira y el Viceministerio de Diálogo Social informaron de la creación de una mesa de alto nivel liderada por el Gobierno Nacional para analizar y gestionar las peticiones de los manifestantes guajiros, lo que permitió levantar los bloqueos y restablecer la circulación en las vías.

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El caso es que el diálogo se presentó como la vía principal para resolver las demandas, a pesar de las múltiples denuncias de líderes de las organizaciones indígenas y campesinas sobre hostigamientos, e incluso se informó de integrantes de grupos armados que indagaban incansablemente por el paradero de los líderes de la movilización.

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Las demandas del paro incluían temas como seguridad, adquisición de tierras, legalización de territorios indígenas, agua, conflictos minero-ambientales, reforma agraria e inversión rural. Las mismas fueron tratadas inicialmente en mesas técnicas en Bogotá el 11 de febrero para avanzar en temas como el de tierras, mientras se definían los representantes del gabinete para las conversaciones.

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​​​Los puntos acordados van encaminados al desarrollo y la protección de las comunidades campesinas y étnicas de La Guajira, y destacamos:

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Comunidades y organizaciones sociales de La Guajira, enfatizaron la importancia de establecer plazos claros y fechas específicas en los acuerdos con el gobierno nacional, ya que en ocasiones se incumplen las promesas. Por eso instaron a mantener la coherencia y estar atentos para evitar que ocurran incumplimientos, algo que, según los manifestantes, ha sucedido en el pasado y es ampliamente conocido.

El documento concluyó con la firma de los acuerdos y el establecimiento de una mesa de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los compromisos, marcando el fin de esta histórica movilización en La Guajira.​​​​​