Un importante encuentro tuvo lugar en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación para la Reincorporación Amaury Rodríguez de Pondores, La Guajira, el pasado mes de abril, entre la brigada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la comunidad excombatiente residente en este espacio territorial.

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El objetivo principal de la asamblea fue informar al CIDH sobre los puntos de vista de la comunidad excombatiente sobre diferentes incumplimientos por parte del Estado en cuanto a medidas de protección, y que se vienen sucediendo desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

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Los representantes del Espacio Territorial reclamaron garantías de seguridad física y jurídica, así como para la participación política y mejores condiciones por parte de la justicia transicional.

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Todos estos elementos fueron dados a conocer por las vocerías de los firmantes del acuerdo de paz de La Guajira a la delegación de la CIDH, partiendo de 4 ejes principales:

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1. ‘’Los firmantes de paz en La Guajira nos sentimos altamente estigmatizados’’

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Esta situación se agravó con posterioridad al allanamiento en el 2022 al proyecto productivo Dama Verde de la cooperativa COOMPAZCOL por parte de militares del Batallón Rondón.

A esta cooperativa pertenecen la mayoría de las mujeres firmantes del departamento de La Guajira. Este allanamiento se originó por una llamada “fuente humana” que de manera indirecta indicó que los firmantes estarían cooperando con estructuras del ELN, la Segunda Marquetalia o alguno de los GAO que hacen presencia en el territorio. El resultado fue "la incautación de uniformes viejos de exposición del museo de la memoria, un fusil de palo, un radio dañado y nuestra honra y dignidad mancillada’’.

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Cabe recordar que esta diligencia de allanamiento fue realizada de manera ilegal y generando múltiples dificultades para el proceso integral de reincorporación, generando como es obvio zozobra entre los firmantes.

La unidad productiva Dama Verde, es una iniciativa liderada por las mujeres residentes Firmantes del Acuerdo y de la comunidad que contenía en su naturaleza una alta expectativa comercial y productiva que generaría ingresos para las mujeres a partir de la comercialización de plantas ornamentales, árboles para siembra y el procesamiento de plantas aromáticas para consumo.  Al ser una de las unidades productivas con que cuentan las excombatientes, para lograr materializar el proceso de reincorporación económica, el proyecto Dama Verde tuvo pérdidas significativas de capital humano, debido a la inseguridad física.

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2. La paulatina pérdida de confianza producto de las actuaciones de la justicia transicional de la JEP

 

Los firmantes del acuerdo de paz afirman que la Jurisdicción Especial para la Paz de manera particular, a través de la Secretaria Ejecutiva se ha encargado de mancillar el Acuerdo Final de Paz y modificar su esencia.

En la Guajira, los firmantes llevan esperando más de un año una visita por parte de esta dependencia para la verificación de algunas acciones y actividades que se han realizado en el marco de los  Trabajos, Obras o Actividades con Contenido Reparador - Restaurador (TOAR), sin que haya logrado materializarse;  ‘’En cada SENIT y cada Auto vemos más lejos lo acordado, seguimos a la espera de la concesión de la amnistía más amplia posible y la libertad de los firmantes de paz que aún se encuentran en las cárceles colombianas sin definición de su situación jurídica; por eso exigimos un respeto por los lineamientos iniciales en materia de TOAR, sanciones y la expedición de una resolución única de conclusiones que permita a los máximos responsables, participes determinantes y autores mediatos responder por sus hechos de manera puntual y concreta’’.

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Además, exigen la garantía de cumplimiento a las victimas sin verse involucrados en procesos que ellos mismos llaman interminables y sanciones que llegan a ser inalcanzables, ya que estas son sanciones y regímenes de condicionalidad que dependen del desarrollo económico que cada excombatiente tenga y de la reincorporación económica integral que comprendería: contar con empleos dignos, acceso a la vivienda y proyectos productivos sustentables. Garantías que no se han materializado por múltiples incumplimientos.

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3. Falta de garantías para la participación política.

 

El sueño de la participación política en el territorio no se escapa de esta inestabilidad. Los firmantes tuvieron una amplia participación en las elecciones de octubre en el municipio de Fonseca, La Guajira; sin embargo, esto dio como resultado una campaña de estigmatización y odio en su contra que ha sido denunciada en las diferentes instancias fiscales, autoridades y medios de comunicación, y que dejó, además un saldo de varios miembros de la campaña judicializados y perseguidos injustamente.

 

Esto, por supuesto, no deja de ser una preocupación, ya que el espacio territorial solo cuenta con un esquema de protección colectivo priorizado para temas de salud, y han recibido vehículos del esquema en mal estado los cuales no poseen la capacidad suficiente de atender las necesidades de quienes integran la comunidad.

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‘’Esta problemática de estigmatización se ve agravada con la postura institucional imperante en la Fuerza Pública, que hoy por hoy, siguen sin incluir dentro de su ejercicio ordinario una visión restaurativa que reconozca las diferencias con los otros y cree puentes de dialogo y de materialización de garantías’’.

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En este contexto existe una gran cantidad de excombatientes a nivel nacional que se han desvinculado del partido Comunes, ya que la mayoría de firmantes del Acuerdo de Paz no se sienten representados en este partido, de allí que se hayan retirado más de 2.000 excombatientes en todo el país (sin que esto signifique una renuncia definitiva al acuerdo de paz).

 

En relación con esto, muchas de las instancias de Protección Nacional dadas para el Acuerdo de Paz se basan en decisiones tomadas bajo el criterio de los lideres del partido político Comunes, sin tener en cuenta la perspectiva del resto de los excombatientes y esto, a menudo es tomado por la población Firmante del Acuerdo como una imposición.

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En este caso puntual, los reincorporados de Pondores precisan que el Partido Comunes no representa a todos los firmantes y que, debido a estas imposiciones, no se ha logrado avanzar en el Pacto de Política Nacional, lo que representa una barrera de acceso a la protección de los y las firmantes.

 

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Los excombatientes insisten en que se implemente el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios y se defina el programa de acompañamiento psicosocial cómo medida de mitigación del impacto de los riesgos.

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4. Incumplimiento en las medidas materiales de protección.

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El antiguo espacio territorial de Pondores, se encuentra ubicado en una zona fronteriza, en la cual hacen presencia una cantidad diversa de actores armados que han venido amenazando los liderazgos más notables que integran el Espacio. Grupos armados que según los FAP, la fuerza pública no ha podido determinar su procedencia y actuar.

 

’Todo esto puede ser probado por la interlocución que se ha hecho desde el espacio con la segunda misión de verificación de la Organización de Naciones Unidas, al igual que con los informes de inteligencia de seguridad que reposan en la zona’’.

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por último, los firmantes reiteran su compromiso con la paz, con las víctimas y las comunidades y que no descansarán hasta lograr una armonía en los territorios del norte del país.