1. La razón de la llegada de miles de campesinos a esta extensa región, obedeció a los sucesivos despojos y desplazamientos de los que históricamente han sido víctimas en el interior del país y que el Estado a través de distintos Gobiernos, unas veces para ponerle paliativos a la crisis humanitaria, producida por la violencia en el interior del país, y otras por facilitarle a los grandes acaparadores de las tierras, el disfrute mal habido de estas; indujo a colonizar estas regiones, desde hace varias décadas.

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2. Fue el Estado, quien a través de la Caja de Crédito Agrario y posteriormente INCORA, puso en práctica los planes de colonización. Vamos a citar cuatro ejemplos en los Llanos Orientales:

A principios de los años 50 el Estado organizó a través de la mencionada Caja de crédito Agrario, unos frentes de colonización para los destacamentos guerrilleros liberales que se desmovilizaron, en los departamentos del Tolima, Cundinamarca y Meta, sobre las selvas que cubrían la extensa vertiente del Rio Ariari.

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​3. Por su parte el por ese entonces, Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INCORA), siguiendo directrices Estatales, continuó organizando tres frentes de colonización más: uno en la región de Espelda, en la misma configuración selvática, en lo que hoy se denomina como el parque Tinigüa, ubicado dentro del municipio de Uribe, Meta.

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4. Estas son las razones por las cuales las organizaciones campesinas de la región atribuyen al Estado mismo, la creación de la cultura de la colonización. Mientras que el campesinado que otrora fueron víctimas al interior del país del despojo y del desplazamiento, llevan más de 4 décadas sobreviviendo en estas selvas.

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5, En principio trátese de colonización dirigida por las instituciones del Estado o improvisadas por la propia necesidad de los campesinos; ninguna entidad del Estado, se acercó a ningún frente de colonización, a notificar alguna prohibición respecto a que no se podían consolidar nuestros asentamientos por motivos de protección ambiental, cultural, de riesgo geológico o de reserva biológica, y por el contrario siempre tuvimos presencia social y económica del Estado.

 

6. Otro exabrupto de las políticas de Estado en relación con este tema, en lo que se refiere a las metodologías para resolver la crisis del campesinado despojado y desplazado de otras regiones, fue que primero en parte indujo a este a colonizar y en otros casos permitió incluso poblar extensas regiones selváticas.

 

Con el correr del tiempo, el Estado permitió fundar caseríos que finalmente él mismo los convirtió en municipios. De hecho este proceso sirvió para crear departamentos y solo en las últimas 7 años, se les ocurrió iniciar un proceso de represión, bajo la justificación, que el  campesino está ocupando ilegalmente parques naturales y zonas de amortiguación, según la ley segunda de 1.959.

Hoy se vienen dando ultimátum para su desocupación, desafortunadamente sin brindar a las comunidades alternativas reales de supervivencia frente a la tragedia social y económica, a la que se les quiere someter.

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7. Para completar la enorme contradicción del Estado y sus políticas ambientales, este contribuyó al desarrollo infraestructural de todas estas regiones: Ya que ha invertido y continúa invirtiendo en infraestructura educacional, incluyendo la planta magisterial.

 

8. El Estado "casi desde el mismo momento en que nos colonizamos, nos empezó a construir en parte trochas carreteables de acceso, puentes, alcantarillado, etc. A excepción de la región del Lozada Guayabero, cuyas trochas carreteables, las ha construido la comunidad misma."

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9. El Estado nos "sisbenizó" a todos los habitantes.

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10. El Estado nos ha reconocido históricamente las demarcaciones veredales y por ende las personerías jurídicas a las Juntas de Acción Comunal, incluyendo todas las asociaciones campesinas que se han creado con distintas razones sociales.

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11. En las temporadas electorales, el Estado, organiza las elecciones, y nos invitan a votar masivamente.

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12. La antigua Caja de Crédito Agrario e INCORA, ponían como requisito indispensable, que, para aprobar préstamos para ganadería a los colonos, estos tenían que poseer suficiente pasto, como para sostener más de 50 reses por predio y que preferencialmente hubiera una vecindad con las mismas aspiraciones, a las que les cubría esta misma exigencia.

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13. Así también, el Estado colombiano, ha proporcionado siempre todas estas atenciones pecuarias, con expedición de marcas, registros ganaderos ante el ICA y como si fuera poco, el campesinado está obligado a pagarle impuestos a FEDEGAN. Actualmente estas comunidades son calificadas como ilegales, y antes el 14 de septiembre del 2.018, la Fiscalía General de la Nación, en comunicado de prensa, nos calificó de "bandas criminales, conexas con el narcotráfico y los grupos armados".

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14. Algunos funcionarios de Parques Nacionales, incluyendo a la otrora directora, y hoy congresista Julia Miranda, han argumentado, que supuestamente las resoluciones que en cada momento expidió el Gobierno, para crear unos y otros parques naturales, en cada caso fueron primero que las personerías jurídicas, expedidas a las Juntas de Acción Comunal de cada vereda y demás actos administrativos.

Con esto el Estado confiesa su responsabilidad, pues ¿Cómo se entiende? que el Estado crea mediante resoluciones, los diferentes parques Naturales y el mismo Estado, en muchos casos en forma posterior produce los innumerables actos administrativos, de carácter social y económico, que contribuyeron a legalizar los distintos asentamientos de colonización en hasta ahora 38 parques y 63 Zonas De Reserva Forestal, que hacen parte de ley segunda de 1.959 y que en su conjunto, han sido intervenidos por la mano labriega del campesinado.

La pregunta es: ¿Quién cometió la falla punitiva, el campesino colono o el Estado, que por un lado creó los parques y por el otro, legalizó los asentamientos?

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15. Nos haríamos interminables citando las posturas contradictorias del Estado, pero citaremos una última:

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​Por lo anterior queda claro que las intenciones de los planes estratégicos de los gobiernos, no se relacionan con la defensa de porciones de selva, sino en el hostigamiento a los campesinos que se ubican en estas regiones, para desplazarlos y darle paso a las trasnacionales, a la extracción petrolera y de metales preciosos.

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Así quedó demostrado en 2.015, cuando el Gobierno del entonces presidente Santos, inició el asedio y dio comienzo, a través de la expedición de la  resolución 00810, del 19 de Marzo de 2.015.

Supuestamente se busca recuperar un baldío en la extensa región del Municipio de la Macarena y parte del Municipio de San Vicente del Caguán, por ser supuestamente propiedad de la insurgencia de las FARC, desconociendo a más de 6 mil propietarios colonos y finqueros que habitan esta región que el mismo Estado la ha legitimado con su presencia institucional en todas sus fases.

Acto seguido, el Gobierno del presidente Santos expidió cuatro resoluciones en septiembre de 2.015 para crear o ampliar supuestamente, cuatro resguardos Indígenas en esta misma región, con lo que se pretende poblar con comunidades indígenas para generar conflicto y violencia entre campesinos e indígenas y de esta manera justificar acciones represivas en contra de unos y a otros.

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La muestra de la intencionalidad por parte del Estado, de combinar diversos métodos para desplazar de esta región a las comunidades campesinas, se conocieron posteriormente a la expedición de las mencionadas resoluciones: pues no hay que olvidar el escándalo que se produjo a finales de 2.016 cuando la ANLA: (Agencia Nacional de Licencias Ambientales), autorizó la exploración de varias decenas de pozos petroleros en esta región, donde además se ubican los 4 parques: Picachos, Tinigüa, Macarena y Chiribiquete.

Lo anterior generó protestas de las comunidades campesinas, logrando despertar el interés internacional, dado el conocimiento que a nivel internacional se tiene de Caño Cristales como sitio turístico; lo cual logró frenar momentáneamente la que hubiera sido una verdadera masacre ambiental.

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Preocupan a las comunidades, las intensiones del Estado y las grandes empresas de ejecutar el hasta ahora engavetado proyecto, del codiciado oleoducto del Pacifico, que precisamente cruzaría por esta región, atravesando además los departamentos del Huila, Tolima y Valle, finalizando 25 kilómetros adelante de Buenaventura, mar Pacifico adentro, para desembotellar los 500 mil barriles de petróleo, que actualmente produce el departamento del Meta, agregándose a eso la producción petrolera del Caquetá.

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De esta manera el argumento de la defensa del sistema ambiental se desmorona y deja ver el real interés de convertir esta rica región en un verdadero socavón petrolero, permitiendo además la aplicación del fraking.

¿De qué protección ambiental se habla desde el Estado, si la ejecución de estos megaproyectos, destruirían el subsuelo, reduciendo las venas acuíferas y convirtiendo en desierto las cuencas hidrográficas de partes de la Orinoquia y Amazonia colombianas?

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Se hacía necesario, ofrecer este contexto histórico, en razón a las amenazas, a través de las instituciones del Estado, que se cristalizaron con severidad, a partir del 25 de octubre de 2.018, cuando desplegó un operativo sin precedentes, en contra de 5 campesinos, que dejo como resultado la destrucción de 2 establos con bombas de alto poder explosivo y la incautación de más de 700 reses.

También habría que mencionar la detención, el 25 de abril de 2.019, de 11 habitantes colonos, entre ellos 4 menores de edad, en la región de Cachicamo, sobre caño Angoleta, Jurisdicción de San José del Guaviare, donde a su vez miembros del ejército les derribó sus viviendas con sus enseres adentro, prendiéndoles fuego, al tiempo que el por entonces presidente Iván Duque orgullosamente se hizo presente en el lugar de la operación militar.

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Los habitantes de la región, denuncian que funcionarios de Parques Nacionales les han oficiado algunas empresas compradoras de leche, igualmente prohibiéndoles la compra de este producto a los campesinos, y como si esto fuera poco, la anterior directora de Parques Nacionales, pidió que se investigue penalmente a las empresas compradoras del producto lácteo, coartando de esta manera el derecho de libre mercado y libre empresa.

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Otra forma de bloqueo, persecución y discriminación, que a la vez se convirtió en acto de corrupción administrativa, fue el caso del proyecto de solución energética, a través de 216 plantas foto-voltaicas y que las instituciones del Estado, en cabeza del presidente Duque y Parques le suspendieron a las comunidades campesinas. Dichas plantas, tenían un valor unitario según se conoció de $16 millones 800 mil pesos, para un total de 3. 628 millones, 800 mil pesos. Proyecto y dinero de los cuales nunca se supo donde fue a parar.

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A esto hay que agregarle el gran paquete de normas que últimamente se vienen produciendo, en contra de quienes habitamos las extensas regiones de parque y zonas de amortiguación, en nuestro país: sentencia 4360, expedida por la Corte Suprema de Justicia, ley de endurecimiento de penas, por supuestos delitos ambientales, y finalmente el pomposo nombre de Plan Artemisa, que como trompeta de persecución, viene generando encarcelamientos, asesinatos y desplazamiento forzados en la región.

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Así mismo, existen reiteradas amenazas en el sentido de impedir que el ICA expida registros ganaderos, o la vacunación del ganado vacuno. Al mismo tiempo, la decisión tomada a través del ICA, en el sentido, de darle a los campesinos un plazo hasta el 31 de diciembre, de este 2024, para evacuar el ganado, ubicado en los denominados parques nacionales naturales, so pena de ser sacrificados. Estas situaciones, son consideradas como una muy grave arbitrariedad contra el campesinado, y aunque dichas acciones se hacen con el argumento de la defensa del ambiente, que como tal es legítima, no lo es con medidas arbitrarias y represivas, como las descritas.

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Si es sincera la intensión del Estado, de preservar el bosque, y considera que en efecto hay un deterioro en este recurso y que esto equivale a una tragedia ambiental, pues coloquemos esta y la otra tragedia: la social y económica que han padecido toda la vida estas comunidades, sobre una mesa de negociaciones y estaríamos transitando por el camino correcto; buscando y encontrando una salida civilizada a estas dos tragedias: la ambiental y la social - económica.

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Cabe reflexionar que si el Estado históricamente ha dialogado y hecho acuerdos con las insurgencias, que se han alzado en armas para combatirlo por medio de estas, ¿por qué se niega a dialogar con las comunidades rurales: Campesinas Indígenas y afro-colombianas, si el único delito que hemos cometido, es estar alzados en herramientas de trabajo, para cultivar todo tipo de productos agropecuarios, que son de primera necesidad en la alimentación?

Las comunidades urbanas, no deben olvidar que necesitan del Indígena, afrocolombiano y del campesino tres veces al día: al desayuno, al almuerzo y a la comida, de ahí que los sectores campesinos continúen insistiendo que se les reconozca como sujetos de derecho igual que a sus hermanos indígenas y negros.

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Desde que inició este conflicto, el campesinado ha buscado acercamientos, diálogos y negociaciones con el gobierno y sus respectivas instancias en el Estado, pero hasta el momento el silencio de las instituciones continúa, por esa razón, las organizaciones campesinas y sociales, le han solicitado apoyo urgente al gobierno del presidente Gustavo Petro, y han instado para que se instale una mesa de dialogo regional, con el fin de lograr acuerdos con los campesinos que permitan los cambios estructurales en el manejo ambiental, al tiempo que beneficien y den soluciones a los históricos planes de vida digna para los campesinos, indígenas y afros, de tal forma que se pueda evitar un despojo y desplazamiento y con ello un conflicto social sin precedentes.

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El Estado en el anterior modelo de gobernabilidad en el afán de conseguir sus objetivos, apelaba a la guerra mediática y a la distorsión de la realidad para imponer su propia razón, sin importar la suerte de su pueblo. Esperamos que, de estos espacios de interlocución, entre delegados del nuevo gobierno y representantes de las comunidades de esta extensa región que abarca las confluencias del Caquetá, Meta y Guaviare, salga el mejor acuerdo, que nos permita una agenda de dialogo permanente, que nos lleve a la raíz de la solución de la que hemos denominado, dos tragedias: la ambiental y la social y económica.