De acuerdo al comunicado, representantes de las juntas de acción comunal de las veredas Agua Bonita Media, Agua Bonita Baja, La Unión, Puerto Nuevo, La Reforma y Puerto Colombia del municipio de Calamar Guaviare, organizaciones sociales legalmente constituidas, aseguraron que cuentan con información “que el ministerio de medio ambiente viene exigiendo a la fiscalía general de la nación a acusar y judicializar a los campesinos y buscando que el ministerio de defensa a través de las fuerzas militares destruyan la poca infraestructura existente como lo son vías, puentes, box Colbert, esto genera temor y terrorismo psicológico en niños y niñas”.

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Las comunidades campesinas del municipio de Calamar, Guaviare, denuncian que el Estado colombiano los quiere judicializar y destruir su infraestructura vial por ocupar una zona de reserva forestal. Argumentan que son “víctimas del conflicto armado, la pobreza, el abandono institucional y el incumplimiento del plan de sustitución de cultivos ilícitos PNIS”.

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En comunicado del 31 enero 2024, las comunidades campesinas de la región, se declararon en asamblea permanente, “dispuestos al diálogo sincero, pero también con vehemencia a la defensa de nuestro territorio y nuestra poco y casi nula infraestructura que con muchos esfuerzos hemos podido conseguir”

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De acuerdo al comunicado, la posible destrucción de la infraestructura vial, sitúa a las comunidades en condición de “extrema vulnerabilidad, ya que estos corredores humanitarios son la última alternativa para el transporte de alimentos y enseres necesarios para sobrevivir los municipios de Miraflores- Guaviare, Mitú, Carurú, Tararira en el departamento del Vaupés”. Lo anterior debido a que la única vía fluvial es el rio Unilla, el cual disminuye su caudal y no es navegable, además se interrumpe el acceso a servicios esenciales como salud y educación los cuales son derechos constitucionales fundamentales.

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En el comunicado aseguran que, si los campesinos son judicializados o la infraestructura destruida, el colapso económico social y ambiental serán alarmantes, “ya que así nos estigmaticen como deforestadores y acaparadores de tierra, hemos sido nosotros los colonos quienes hemos delimitado la frontera agrícola y en cierto modo controlado la deforestación y el latifundio”   

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Los campesinos instaron a la Defensoría del Pueblo y a las delegaciones de la ONU, MAPP OEA a que activen las alertas tempranas y sean garantes de los procesos de concertación. También solicitaron el acompañamiento jurídico necesario para la defensa de los derechos de las comunidades campesinas.

También solicitaron a las instituciones “acciones articuladas y coordinadas en los territorios, como colombianos trabajadores y vulnerables anhelamos la paz no queremos ni pensar que esta problemática que podemos solucionar dialogando escuchándonos y realizando acciones en unidad, se siga llevando como lo han venido haciendo las instituciones primero con olvido y ahora con represión judicial y militar “

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Por último, las comunidades campesinas del suroriente del país, exigieron que se dialogue con ellos en el territorio y que se les reconozca como sujetos de derecho, con el ánimo de garantizar la paz y la protección de los ecosistemas.

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Estas comunidades están compuestas por campesinos sin tierra, desplazados, afrodescendientes e indígenas que habitan zona de reserva forestal, e históricamente han sufrido constantes presiones, represión judicial y militar, y amenazas de destrucción de su infraestructura vial.

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Los denunciantes también reclaman que se cumpla la sentencia 4360, que ordena al Estado garantizar la participación efectiva de las comunidades campesinas en la definición de su futuro y el de sus territorios.